Cuotas escolares: problema sin fin
Escrito por Miguel Ángel Serna Domingo, 29 de Agosto de 2010 22:14
CONCIENCIA CIUDADANA
Inician las clases para millones de estudiantes de todos los niveles y vuelven a presentarse en planteles escolares oficiales el cobro de las cuotas escolares.
Años van y años vienen y jamás se arregla el asunto, a pesar de que tal y como lo han venido declarando cada ciclo escolar, las autoridades asegurarán también en éste que las aportaciones de los padres de familia están prohibidas por la Constitución y la ley de educación y sus reglamentos y las indicaciones de las propias autoridades educativas.
Sin embargo, las cuotas persisten, porque se han encontrado caminos para evadir el cumplimiento de la ley mediante artilugios amañados con los que a ciencia y paciencia de las autoridades se siguen extrayendo de los bolsillos de los padres un dinero que no deben de entregar en ninguna forma.
Para evadir su responsabilidad y ocultar su participación, autoridades, directivos y profesores de los planteles aseguran que ellos no son los que cobran las cuotas sino la "sociedad de padres de familia", como si tal respuesta les quitara responsabilidad alguna. Los directivos y maestros no sólo no deben exigir ningún emolumento a los papás de los niños, sino prohibir expresamente y denunciar a quienes solicitan tales participaciones, las que con frecuencia no son de poca monta.
Por su parte, los directivos de las sociedades de padre de familia argumentan que el cobro es porque la escuela hace gastos en útiles, enseres o pequeños arreglos que las autoridades educativas no proporcionan. Con este pretexto, los directivos de tales sociedades presionan a los padres a cooperar sin importarles que la situación económica tenga postrados a millones de ellos a veces hasta en el desempleo. Pero son inflexibles y las cuotas tienen que aportarse porque de lo contrario se exhibe ante los demás padres de familia a quienes se nieguen o no puedan cooperar.
Estas explicaciones cuentan con muy poca credibilidad, porque rara vez se comprueba fehacientemente que la SEP se haya negado a proporcionar los recursos necesarios y en todo caso, de ser así, directivos y padres de familia tienen en pleno derecho a exigir al Estado los recursos necesarios para la educación de los infantes.
Lo malo es que, en el estado de indefensión necesidad e ignorancia en que se encuentra la sociedad mexicana, los padres de familia se someten pasivamente a esta anomalía porque tienen la creencia que el ingreso y la permanencia en la escuela, es un favor que el gobierno y los directivos de las escuelas les hacen a sus hijos y no un derecho constitucional.
Peor aún resulta que, a pesar de que la Constitución, la ley de educación y sus disposiciones reglamentarias declaran la ilegalidad de las cuotas escolares, no exista un procedimiento de denuncia y penalización para quienes hacen de su violación una viciosa costumbre. De esa manera la ley termina por convertirse en una quimera, una entelequia que a nada obliga porque nada sanciona, y las protestas contra estas ilegalidades terminan por perderse en el aire impotentes ante los vicios que arrastra nuestro sistema educativo.
Tal estado de cosas ha terminado por hacernos olvidar el sentido original de un sistema de enseñanza democrático, laico, científico, gratuito y obligatorio que en teoría establece nuestra constitución, y que obligaría no sólo a abolir las cuotas escolares, sino más allá de eso, a proporcionar los recursos alimenticios, de salud, vestido y escolares para todos y cada uno de los niños y adolescentes mexicanos; única medida concreta que permitiría nivelar los profundas desigualdades de una sociedad que se rezaga día a día del ideal de una sociedad moderna, capacitada, eficiente, pero, sobre todo, democrática.
Las cuotas escolares "voluntarias" son pues, el resultado de un sistema de complicidades, incurias y necesidades que se combinan para negar el derecho a la educación de calidad de los núcleos sociales más desprotegidos de nuestra sociedad.
