Edmundo Ramírez

La atención a la situación de los connacionales presos en Estados Unidos fue objeto, el 4 de marzo de 2007, de una denuncia que realicé como Diputado Federal. En esa ocasión, afirmé que el gobierno federal era “indiferente” ante lo que viven unos 32 mil mexicanos presos en cárceles estadunidenses.

Precisé  que esos mexicanos “no tienen el apoyo del Ejecutivo federal para garantizar sus derechos”. Insistí en que el gobierno mexicano debía dar seguimiento adecuado a la situación jurídica de los detenidos, procurar la liberación de los inocentes y defender los derechos humanos de todos esos connacionales.

Los principales delitos por los que son condenados los mexicanos en aquel país son: narcotráfico, tráfico ilegal de personas, homicidio, robo, prostitución, accidentes de tránsito y trata de mujeres.

Meses después, el 7 de noviembre de 2007, el boletín de Democracy Now, órgano oficial del Partido Demócrata, informó que más de 30 mil inmigrantes –la mayoría indocumentado– estaban presos en Estados Unidos; indicaba que esa cifra de inmigrantes presos en cárceles estadunidenses no tenía precedentes y el Partido Demócrata reconoció la cifra que anuncié meses antes. Ese medio estimó que 4 mil de estos detenidos permanecían en California y atribuyó el aumento de los inmigrantes presos al debilitamiento del programa denominado “Atrapar y Liberar”, que aplicó el Departamento de Seguridad de la Patria.

En el mismo artículo, el boletín refería que las empresas privadas contratadas por la Agencia de Ciudadanía y Servicios de Inmigración aumentaron los contratos multimillonarios que suscriben con el gobierno federal, para transportar y mantener en prisión a estos indocumentados. “Esta política produce sobrepoblación de las cárceles y reduce la atención médica para esos detenidos”, concluía Democracy Now.

Dos años después de mi denuncia y de lo publicado por el órgano de difusión del Partido Demócrata, la Cámara de Senadores de México acordó crear un grupo plural de trabajo que diera seguimiento a este tema y vigilara el respeto a los derechos humanos de los mexicanos detenidos en prisiones de Estados Unidos. El 23 de abril de 2009, se convino que ese grupo se coordinaría con el Ejecutivo Federal “para diseñar una estrategia que salvaguarde los derechos” de los mexicanos conforme a las normas y procedimientos internacionales, sin importar su calidad migratoria o situación jurídica.

Unos días después, el 28 de noviembre de ese año, Carta Mesoamericana, organización de información y servicios para las comunidades de migrantes, anunció que el punto de acuerdo que expuse en la Cámara de Diputados, sobre la demanda de atención médica para los mexicanos en cárceles o centros migratorios de Estados Unidos, era exigido por la Dirección General de Protección Consular.

El antecedente de tal reclamo se remontaba a la tarde del 29 de junio de 2009, cuando Evodio Abad Castillo fue encontrado muerto en su celda de la prisión del condado de Warren. Este jardinero de origen mexicano, de 51 años, cumplía el cuarto día de una pena de cinco días por conducir sin licencia. Según Jay Walker, del espacio electrónico “105.3 WOW Country”, en su edición del 12 de septiembre de 2009, el dictamen de la autopsia reveló que Abad murió de “causas naturales”.

A su vez, José  Miguel Vivanco, director en México de la organización Human Rights Watch, denunció la recurrente falta de servicios de salud al interior de las cárceles estadunidenses. Consideró que el gobierno mexicano debía exigir al país vecino atención médica a sus connacionales: “El gobierno tiene la principal herramienta, con sus relaciones bilaterales con Estados Unidos, para exigir esa atención médica a los mexicanos que residen allá”.

CONSENSOS

La aportación de los migrantes a la economía mexicana es uno de los pilares de la misma. Según datos del Banco de México y de la Cámara de Diputados, las remesas en 2005 fueron por
21 mil 688.7 millones de dólares (mdd); en 2006, por 25 mil 566.8 mdd; en 2007,
por 26 mil 068.7 mdd; en 2008, por 25 mil 137.4 mdd; y en 2009, por 22 mil
869.8 mdd. El descenso, a partir de 2007, se explica por la recesión económica
estadunidense, generadora de menores posibilidades de empleo y por el efecto
generacional, el cual ya hemos platicado en anteriores entregas.
Sumando estas cifras, tan sólo en los pasados cinco años, los migrantes mexicanos han enviado 110 mil millones de dólares, cantidad superior en más de 12 mil millones de dólares al
total de la deuda externa del país, la cual, de acuerdo con el Banco de México,
ascendía a 97 mil 390 millones de dólares en febrero de 2010.
Lo anterior da una idea de la enorme importancia que tienen las remesas para México, mismas que se han convertido en un motor de la economía, que permite dinamizarla, además de que
son un canal prioritario de financiamiento externo proveniente de Estados Unidos, llegando incluso a equipararse con la captación por ingresos petroleros, siendo superiores a la inversión extranjera directa y al turismo, como fuentes tradicionales lícitas de ingresos provenientes del exterior.
Cabría mencionar que del total de remesas captadas por América Latina, nuestro país recibió más de 35 por ciento de las mismas.
Existen distintasestadísticas respecto del número de mexicanos en Estados Unidos, y aunque éste
varia según la fuente, se calcula que son entre 24 y 30.5 millones. Si se
consideran las cifras más conservadoras, de los 24 millones de personas de
origen mexicano, 14 millones son estadounidenses de ascendencia mexicana y 10
millones nacieron en México, pero emigraron hacia el vecino país. Si se toma el
dato de que son 30.5 los millones de personas de origen mexicano, 19.3 millones
de personas son estadounidenses de ascendencia mexicana y otras 11.2 millones
nacieron en México y emigraron al país vecino.
Las personas de origen
mexicano o nacidas en México representan el 65.7 por ciento del total de los
hispanos en Estados Unidos, que se estima en 46.8 millones de personas y que
constituyen 15.4 por ciento del total de la población de ese país.
Prácticamente estamos hablando de que los hispanos, particularmente los
mexicanos, constituyen una nación dentro de otra nación.
Según información del Consejo
Nacional de Población, las crecientes barreras y dificultades para ingresar a
Estados Unidos, así como los insuficientes estímulos que ofrece la economía
mexicana para el retorno al país, han contribuido al desgaste de los mecanismos
de circularidad migratoria y han aumentado la propensión a una migración más
definitiva. Al mismo tiempo, ha bajado la cantidad anual de migrantes, que
llegó a ser de entre 400 mil y 500 mil personas, para ubicarse entre 350 mil y
400 mil migrantes al año. Es decir, alrededor de mil mexicanos al día,
principalmente jóvenes, abandonan México en busca de mejores horizontes y
oportunidades.

CONSENSOS

Por carecer de acta de nacimiento mexicana, miles de niños migrantes son rechazados en escuelas públicas de distintas entidades del país, lo que está afectando su reinserción en el sistema educativo nacional.
Hay denuncias de al menos 2 mil padres de familia de estados como Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro e incluso del Distrito Federal, que luego de haber retornado hace algunos meses de Estados Unidos, ahora existe el impedimento por parte de autoridades escolares para inscribir a sus hijos en escuelas públicas.
Esos infantes tienen la nacionalidad estadounidense y ahora enfrentan el rechazo y discriminación al negarles su ingreso a escuelas mexicanas de educación preescolar, primaria y secundaria; se les niega la inscripción a estos niños de origen y padres mexicanos, por no contar con una acta nacional.
Como consecuencia de la crisis en Estados Unidos, miles de familias han retornado de forma temporal o permanente a México y ahora enfrentan el dilema de tramitar el acta mexicana, con el riesgo de no obtenerla por ser extemporánea o simplemente no querer tramitarla por el temor de que sus hijos pierdan sus derechos como ciudadanos estadounidenses.
Hay una total desinformación sobre el tema de la doble nacionalidad y falta un acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública y el Registro Civil para dotar de actas o facilitar la inscripción a miles de niños migrantes que retornaron a México.
Estos niños que nacieron en Estados Unidos y han retornado a México, son prácticamente inexistentes para algunos sistemas educativos y de salud, que los rechazan porque no pueden acreditar su nacionalidad mexicana.

CONSENSOS


La crisis social en Haití derivada del terremoto del 12 de enero, ha avanzado hasta convertirse en una crisis internacional, provocando la confrontación de varios gobiernos y exhibiendo las carencias y debilidades de los organismos internacionales.
Una vez más se cuestiona el papel de las Naciones Unidas como el organismo mundial eje de la articulación de soluciones ante severas catástrofes o tragedias como es el caso y es que, justo aquí, el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que tomar el control de la situación para compensar sus gravísimas e imperdonables deficiencias.
La ONU ya estaba operando en Haití tratando de darle fuerza al gobierno de esa nación, sin embargo su presencia no fue un factor importante para coordinar el apoyo de una veintena de naciones, incluyendo México, que en forma inmediata enviaron ayuda humanitaria. Es más, el caos de los primeros días provocó la intervención directa de varias unidades del Ejército de los Estados Unidos para darle siquiera cierto orden al funcionamiento del aeropuerto de Puerto Príncipe.
Al día de hoy ya están involucrados 20 mil marines estadounidenses en Haití, además del compromiso inicial de 100 millones de dólares para la reconstrucción de la isla, aunque es seguro que los apoyos internacionales habrán de elevarse hasta 10 mil millones de dólares.
Ante todo esto surgen voces que alertan desde una posible invasión silenciosa hasta la provocación del terremoto a partir de los experimentos del Proyecto HAARP. Lo cierto es que el costo que tendrá que pagar el gobierno de Barak Obama es muy alto y el beneficio casi nulo.
Las condiciones de Haití como Estado fallido, han involucrado a nuestros vecinos del norte para tratar de generar condiciones de gobernabilidad y desarrollo en una nación con pocos recursos agrícolas, ganaderos, comerciales, energéticos y turísticos. Prácticamente por ningún lado parece atractivo invertir miles de millones de dólares en una nación que difícilmente podrá generar ganancias económicas. Ciertamente está el asunto geopolítico y de seguridad  nacional, sobre todo en su relación con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero viéndolo bien, si en Haití se presenta un estallido social, como se prevé a todas luces, tendrán que ser las tropas estadounidenses quienes repriman a la población civil.
Bajo este escenario, Obama sufrirá  un costo significativo en su imagen, por ello la presencia en esa nación parece no ser un buen negocio. Hoy más que nunca está claro que a ningún país, incluyendo al propio Estados Unidos, le conviene el papel de gendarme del mundo, pero tampoco de responsable de atender las crisis de otros países.
Es la ONU quien tendría que hacerse responsable de lograr la coordinación global para buscar equilibrios en los derechos y deberes de las naciones. Es así que podemos asegurar que urge una reforma estructural y profunda en la Organización de las Naciones Unidas, ésta debiera ser una exigencia mundial si queremos evitar espectáculos tan lamentables como los que presenciamos en los últimos días.